Redacción
Mérida, Yucatán a 24 de julio de 2018
Ante el registro de tres homicidios de personas integrantes de las poblaciones LGBTI en Yucatán, más de 30 organizaciones, personas, activistas y académicos emitieron un pronunciamiento para exigir al gobierno del Estado una pronta respuesta ante los hechos y para condenar que los sucesos dan muestra de haber sido cometidos en relación con la orientación sexual de las víctimas.
El primero de los casos, es de una persona del sexo masculino encontrada en un hotel del centro de Mérida ultimada a golpes, El segundo ocurrió en el municipio de Umán, dentro del Fraccionamiento Piedra de Agua. La víctima relató antes de fallecer que había sido agredido por su orientación sexual. El tercero sucedió en Villas de Oriente, en el municipio de Kanasín, donde el cadáver fue encontrado amarrado y con huellas de estrangulamiento.
Por los hechos, las y los firmantes del pronunciamiento consideraron que la situación coloca a Yucatán en estado de alerta dado que se pone en riesgo a un sector de la población e implica un incumplimiento de los compromisos tomados por parte del gobierno del Estado.
De igual manera, rechazaron la revelación y divulgación pública de datos sensibles, en particular la condición de salud de uno de los occisos, dado que viola el artículo 10 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán.
Como parte de sus exigencias, piden a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública esclarecer estos hechos criminales de manera pronta y en estricto apego a derecho.
Además de solicitar al gobierno estatal campañas permanentes y efectivas contra la homofobia, cuyo objetivo sea combatir y eliminar el prejuicio, los estereotipos y la discriminación.
Por otra parte, demandan al Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales así como a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán actuar para la sanción de funcionarios que revelen datos personales sensibles a los medios de comunicación, a fin de que esta práctica cese de inmediato por ser una clara violación a la ley y una clara violación a los derechos humanos.